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Proponen Ley Especial en apoyo a los CAPS
La Asamblea Nacional tiene en su poder el proyecto de ley denominado “Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)”, cuyo espíritu es promover la institucionalización, regulación y apoyo a estas organizaciones comunitarias, que por más de 30 años han asegurado los sistemas de agua en las comunidades rurales, beneficiando a casi un millón de nicaragüenses.
El proyecto de ley, promovido por un grupo de Diputados de la Bancada Sandinista, cuenta con el respaldo técnico de la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua (RASNIC), ya que se considera que la falta de personería jurídica por parte de la mayoría de los CAPS ha sido un impedimento y un obstáculo para una mayor cobertura rural del agua potable y saneamiento.
“En su gran mayoría, los operadores de los sistemas de agua potable en el campo de nuestro país, recaen sobre los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), organizaciones que, una buena parte de ellos existen "de hecho" desde hace más de 30 años. Sólo un 1% de estas organizaciones comunitarias tienen personalidad jurídica, este hecho es ubicado como uno de los problemas del sub- sector para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo”, refieren los legisladores en la Exposición de Motivos.
Al respecto, señalan que las metas del gubernamental Plan Nacional de Desarrollo Humano, son las de elevar el nivel de cobertura de agua potable del 82,5% al 90,3%, entre 2009 y 2015. En el área rural, se plantea ampliarlas del 63% al 80,4%, en igual período.
“El hecho de que los CAPS no tengan personalidad jurídica, acarrea muchos problemas, entre ellos, se afecta enormemente la sostenibilidad de los sistemas, ya que se les dificulta realizar una efectiva gestión de fondos entre organismos financieros u organizaciones cooperantes nacionales o internacionales, para el mantenimiento o ampliación del sistema”, citan los diputados promotores de la iniciativa de ley.
Tratamiento especial
Para otorgarles la personalidad jurídica, los legisladores proponen que se apruebe un procedimiento expedito, particularizado para estas organizaciones comunitarias, dada su relevancia social y comunitaria. Asimismo, un tratamiento preferencial para la inscripción y registro ante las autoridades respectivas.
Asimismo, proponen exonerarlos de pagos de tasas por servicios, impuestos y otros, tanto para el proceso de inscripción, registro, como para la importación de equipos y tecnología destinada para mejorar y mantener el servicio de agua y de saneamiento.
Finalmente, se propone en el proyecto de ley que el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), como Ente Regulador de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el país, lleve un Registro Nacional de los CAPS, para darles seguimiento, capacitación y asesoramiento. A esta labor también contribuirán el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) y las Alcaldías, entre otros.
“Por todo lo anteriormente expuesto, es claro que es responsabilidad y obligación del estado de la república de Nicaragua, tomar las medidas que sean necesarias, para facilitar el trabajo de aquellas organizaciones comunitarias que con sus propios esfuerzos garantizan el servicio de agua potable a casi un millón de personas en el área rural”, insisten los legisladores.